La ley de eutanasia es una realidad en España

El Congreso aprueba un derecho que llega a nuestro país tras años de lucha por parte de distintos colectivos que pedían libertad para morir con dignidad.

España ha visto surgir una nueva ley que refuerza el artículo 15 de la Constitución. El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de eutanasia con 198 votos a favor. Un gran respaldo que solo tuvo la negativa de PP, Vox y UPN. Fueron contabilizadas, además, dos abstenciones. La votación culminó con los aplausos de los diputados presentes en el Parlamento, y la alegría de las personas que lucharon durante años por este derecho a morir con dignidad.

La pasada semana, la Comisión de Justicia del Congreso dio el visto bueno al texto definitivo que radica en la enmienda realizada por el PSOE. La cámara baja, con la presencia de unos pocos diputados —los demás votaron de manera telemática—, aprobó la ley. Ahora, es el turno del Senado, cuyo escrutinio será casi definitivo. El Ejecutivo plantea que sea vigente en los primeros meses de 2021. Según el texto, lo será tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Dicho texto contempla un “nuevo derecho individual”. El ordenamiento jurídico ampara la libertad del paciente porque “no hay un deber constitucional que obligue a tutelar la vida de una persona en contra de su voluntad”. Se podrá llevar a cabo de dos formas distintas: un médico pone fin a la vida del paciente que lo solicite o, si así lo desea, por ‘suicidio asistido’. Esto es, el sanitario proporcionará los recursos a la persona y le atenderá para que sea el paciente quien ejecute la eutanasia.

Para solicitar el recurso, el individuo deberá ser mayor de edad “en plena capacidad de decidir”, tener la nacionalidad española o un certificado de empadronamiento que acredite una estancia en el país de al menos doce meses. Deberá padecer una enfermedad incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que conlleve un “dolor físico y psíquico insoportable” que no tenga remedio. La ley obliga previamente a informar por escrito de posibles alternativas de cuidados paliativos. Los médicos podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, expresándolo así de manera anticipada y por escrito. La solicitud de la eutanasia será gratuita y estará integrada en el Sistema Nacional de Salud.

El debate que precedió a la votación estuvo cargado de discrepancias entre grupos parlamentarios. Por una parte, Luisa Carcedo, portavoz del PSOE, apeló a “la decisión del paciente en una situación extrema”. Reafirmó que la ley es “absolutamente garantista”. Rosa María Medel, de Unidas Podemos, habló de “día histórico” y la “garantía de la autonomía personal”. Pese al apoyo, ERC y EH Bildu lamentaron los controles previos que, según ellos, puede convertir el proceso “en un calvario”. Inés Arrimadas mostró el apoyo de Ciudadanos a la ley porque “es un derecho garantista que nos permite poner fin a nuestras vidas según nuestras propias convicciones”.

En el otro extremo, José Ignacio Echániz, del PP, la considera una ley “injusta e inconstitucional”, apelando a los cuidados paliativos como alternativa. Vox, que recurrirá al Tribunal Constitucional acusó, por medio de Lourdes Méndez, a los partidarios de la ley de “introducir la industria de la muerte en España”.

En Twitter, el Vicepresidente segundo Pablo Iglesias y el ministro Garzón, entre otros, celebraron la aprobación de la ley.

Casi 40 años de lucha

El activismo ha sido la pieza clave para que el deseo de muchas personas de dejar la vida dignamente sea posible. Abanderando la lucha se encuentra la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que ha luchado durante 36 años para dar esa posibilidad a las personas en situación extrema. A las puertas del Congreso se encontraba un grupo de representantes de la asociación, que sonreían ante la aprobación.

Gran día para Ángel Hernández, una de las caras más representativas de la lucha. Ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que dio su consentimiento expreso para fallecer. En octubre, la Fiscalía pidió seis meses de cárcel para Hernández. Sin embargo, el Ministerio fiscal aseguró que no mostraría oposición a un indulto. Desde el próximo año, será posible ayudar a personas como María José a poner fin a su sufrimiento de manera digna.



Categorías:Política

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